RIGI: el Decreto 1366/2026 deja de mirar el origen del capital para definir quién es proveedor local
El Gobierno cambió la reglamentación del régimen de grandes inversiones: una empresa constituida y domiciliada en el país cuenta como proveedor local aunque sus accionistas sean extranjeros. También flexibiliza la cesión de participaciones en UTE, el paso de sucursales a sociedades y el cómputo de divisas para cobros de exportación.
COMEX explicado
- Qué pasó
- El Decreto 1366/2026 cambió la reglamentación del RIGI: una empresa constituida y domiciliada en el país cuenta como proveedor local aunque sus accionistas sean extranjeros.
- Por qué importa
- Los proyectos del RIGI deben destinar al menos 20% de su inversión a proveedores locales; el decreto no cambia ese piso pero amplía quién puede cubrirlo, en medio del debate por los USD 542,2 millones que importaron hasta septiembre.
- A quién afecta
- Proveedores de bienes y servicios de grandes proyectos, filiales de empresas extranjeras radicadas en el país, fabricantes locales de bienes de capital y empresas adheridas al RIGI.
- Productos involucrados
- Bienes de capital, Servicios de ingeniería y construcción, Equipos para minería y energía
- Qué puede pasar ahora
- La autoridad de aplicación tiene que precisar la metodología para acreditar el origen Mercosur de los bienes de los proveedores locales.
El Gobierno modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el Decreto 1366/2026, que salió en el Boletín Oficial el lunes 16 de noviembre y rige desde ese mismo día. Lo firmaron el 13 de noviembre el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y cambia cuatro artículos del Anexo I del Decreto 749/2024, que reglamenta el régimen creado por la Ley 27.742, según el texto que reproduce el sitio Contadores en Red.
El cambio más visible es la definición de proveedor local: a partir de ahora, una empresa cuenta como tal si está constituida y tiene domicilio en la Argentina, sin que importen la nacionalidad o la residencia de sus accionistas ni cómo está compuesto su capital. Ámbito y Noticias NQN lo resumieron como la habilitación de firmas con accionistas extranjeros para entrar en esa categoría.
Quién cuenta como proveedor local
El nuevo inciso f del artículo 3 define como proveedores locales a las personas humanas con domicilio fiscal en el país y a las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en la Argentina que presten servicios o vendan bienes a uno o más vehículos de proyecto (VPU) adheridos. Para los bienes, se exige que cumplan los criterios de origen nacional del Mercosur del Anexo I del ACE 18, y la autoridad de aplicación tiene que precisar la metodología.
Los considerandos explican que la experiencia de aplicación aconsejó ajustes puntuales y que el objetivo es favorecer que las empresas radicadas en el país se integren a las cadenas de suministro de los proyectos, de modo que el capital no sea por sí solo un impedimento. La regla anterior sí miraba a los dueños: en 2025, un especialista de EY explicaba a iProfesional que, para ser considerado local, un proveedor tenía que tener más de la mitad de su capital en manos argentinas.
Por qué pesa en las compras de los proyectos
La definición importa porque el RIGI no limita las importaciones de los proyectos, que además tienen beneficios aduaneros, pero sí les pide destinar como mínimo 20% de la inversión a pagos a proveedores locales (artículo 49 del Decreto 749/2024, según El Cronista). El decreto no toca ese porcentaje: lo que cambia es quién puede sumarse para cumplirlo.
El tema venía en discusión. Como contó Comexplora el 10 de noviembre, un relevamiento de la cámara de bienes de capital CIPIBIC calculó que los proyectos aprobados importaron USD 542,2 millones hasta septiembre y que el 66,9% correspondía a posiciones arancelarias con producción nacional acreditada. Desde el lado crítico, Alejandro Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, sostuvo en Radio Altos, según Frente a Cano, que el cambio favorece a las multinacionales en el cupo pensado para la industria argentina y que se hizo sin pasar por el Congreso.
Cesiones, fusiones y sucursales
El decreto reescribe también el artículo 62, sobre adquisiciones y reorganizaciones. Un VPU no puede comprar un proyecto que no esté en el RIGI, y una fusión entre dos o más proyectos adheridos necesita aprobación previa. Cualquier tercero puede comprar acciones de un VPU, pero esa compra no se computa como inversión en activos computables.
Los integrantes de una UTE u otro contrato asociativo pueden ceder total o parcialmente su participación o sumar socios: deben informarlo dentro de los 15 días corridos de inscripto el cambio en el Registro Público, y la autoridad de aplicación tiene 30 días corridos para observarlo; si no lo hace, queda aprobado. El cedente sigue respondiendo en forma solidaria. Las sucursales dedicadas, con autorización previa, pueden pasar el proyecto completo a una sociedad anónima o a una SAU, por escisión o por transferencia de fondo de comercio, sin que eso implique una nueva adhesión ni cambie la fecha de adhesión original.
Divisas de exportación y plazo de inversión
El nuevo inciso c del artículo 100 se refiere a la facultad del Banco Central de condicionar el acceso al mercado de cambios de los VPU a los cobros de exportaciones. Ahora también se computan las divisas que ingresen como aportes o deudas externas de los socios de una UTE, de los accionistas directos o indirectos y de la casa matriz de una sucursal, en la proporción destinada al proyecto y con registro y trazabilidad. El texto aclara que esa condición no puede aplicarse a los pagos de intereses de deudas financieras ni a los dividendos.
El inciso i del artículo 47 fija ahora la fecha límite para que un VPU alcance el monto mínimo de inversión en activos computables y agrega que esa fecha no debe ser ajena a las prácticas del sector. Los considerandos vinculan el ajuste con los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), cuyos compromisos se miden por etapas, aunque el artículo alcanza a todos los proyectos.
Lo que no cambia
El decreto no modifica el plazo para adherir al régimen ni los montos mínimos por sector, que se habían ajustado con el Decreto 105/2026 de febrero, cuando la adhesión se extendió hasta el 8 de julio de 2027, según el estudio O'Farrell. Tampoco cambia el porcentaje mínimo de compras locales ni los beneficios aduaneros para importar bienes. Queda pendiente que la autoridad de aplicación precise cómo se acreditará el origen Mercosur de los bienes que vendan los proveedores locales.
Leer el original en Contadores en Red (texto del Decreto 1366/2026)