Industria cambia las reglas del cupo de 50.000 autos sin arancel: los criterios de reparto se fijarán en cada convocatoria
La Resolución 438/2026 mantiene el cupo anual de 50.000 vehículos con arancel cero, mitad para automotrices radicadas en el país y mitad para el resto de las empresas, pero deja que cada convocatoria defina cómo se adjudica, permite pasar unidades sin usar de una categoría a otra y habilita topes por empresa, modelo y valor FOB.
COMEX explicado
- Qué pasó
- La Resolución 438/2026 mantiene el cupo de 50.000 vehículos con arancel cero, pero establece que los criterios para adjudicarlo se fijarán en cada convocatoria.
- Por qué importa
- Hasta ahora el reparto se decidía con un criterio conocido de antemano, como el precio en dólares; ahora la Secretaría de Industria y Comercio podrá ponderar antecedentes, capacidad financiera, precio, inversiones en carga eléctrica y otros factores, y fijar topes por empresa, modelo y valor FOB.
- A quién afecta
- Automotrices radicadas en el país, importadores de vehículos sin producción local y quienes compran autos electrificados.
- Productos involucrados
- Autos eléctricos, Híbridos e híbridos enchufables, Híbridos livianos (mild hybrid)
- Qué puede pasar ahora
- La resolución rige desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, es decir, desde el 31 de octubre.
La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa publicó el viernes 30 de octubre en el Boletín Oficial la Resolución 438/2026, que cambia la forma en que se reparte el cupo anual de vehículos que pueden importarse sin pagar arancel. La firma Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, y rige desde el día siguiente a su publicación, según Ámbito.
La cantidad no se toca: siguen siendo 50.000 unidades por año, divididas en dos bloques iguales de 25.000. Uno corresponde a las automotrices radicadas en el país y el otro a las empresas que no cumplen esa condición. Lo que cambia es el método: los criterios para adjudicar las unidades ya no quedan fijados de antemano, sino que se establecerán en cada convocatoria, según coinciden Ámbito y A Rodar Post.
Qué cambia en el reparto
La resolución enumera los factores que la autoridad de aplicación podrá tener en cuenta al asignar el cupo: los antecedentes de cada empresa en producción, importación y comercialización; su capacidad financiera; el momento en que prevé nacionalizar las unidades; el menor precio ofrecido; el cumplimiento de la homologación de los vehículos; los patentamientos de modelos con motorizaciones alternativas; la incorporación de tecnologías innovadoras, y las inversiones en infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Ninguno de los dos medios informa qué peso tendrá cada criterio: eso quedará para cada llamado.
La norma también suma herramientas para administrar el volumen. La autoridad podrá fijar topes por empresa, por modelo y por valor FOB, tanto para cada convocatoria como para el año, y abrir llamados separados para cada una de las dos categorías. Las unidades que queden sin usar podrán destinarse a convocatorias futuras o reasignarse de un bloque al otro, sin importar la categoría a la que pertenecían al principio. Además, el valor FOB de cada vehículo no podrá superar el límite que fija el Decreto 49/2025, la norma que creó el régimen.
Cómo se repartía hasta ahora
En las convocatorias anteriores el criterio estaba definido de antemano. Cuando la Secretaría de Industria y Comercio distribuyó el cupo 2026 con la Resolución 513/2025, publicada a comienzos de diciembre de 2025 tras un llamado abierto en octubre, el factor principal fue el precio en dólares, y el mes estimado de nacionalización funcionó como desempate, según Aduana News. Aquella asignación también se organizó en dos categorías: terminales o importadores con producción local, por un lado, y empresas sin fabricación en el país, por el otro, con órdenes de prelación para quienes quedaron afuera o recibieron menos unidades de las pedidas.
En julio, la Disposición 340/2026 abrió un llamado para redistribuir 865 unidades del cupo 2025 que no se habían usado por renuncias o porque algunas empresas no nacionalizaron los autos a tiempo. En ese caso el orden se invirtió: la prioridad fue para quien estimara nacionalizar antes, y el precio de lista más bajo en dólares sirvió para desempatar, según SomosPymes. Las unidades reasignadas en ese llamado deben usarse antes del 31 de diciembre de 2026.
Topes más altos y una convocatoria demorada
El cambio de reglas llega un mes después del Decreto 1128/2026, que reemplazó el tope único de USD 16.000 FOB por valores diferenciados: USD 35.000 para los eléctricos, USD 18.000 para los híbridos y USD 16.000 para los híbridos livianos. Con esos límites entran al cupo modelos más caros que compiten por las mismas 50.000 unidades, algo que Comexplora reseñó el 30 de septiembre.
Según A Rodar Post, que publicó el 27 de octubre, la convocatoria para el próximo reparto venía demorada justamente por la complejidad de distribuir las unidades entre tres franjas de valor FOB y de definir los criterios de selección para cada marca. El medio indicó que la mitad del cupo corresponde a las empresas agrupadas en ADEFA y la otra mitad a los importadores de CIDOA, que se espera una participación mayor que la del año pasado y que los pedidos superen con amplitud las unidades disponibles. Fuera del cupo, los vehículos pagan un arancel extrazona de 35%; según el mismo medio, el volumen es chico frente a un mercado de más de 500.000 unidades, pero pesa en la estrategia comercial de cada marca, en un contexto en que la demanda interna cae alrededor de 13% contra el año pasado.
Qué falta definir
La Resolución 438/2026 establece el marco, pero no abre todavía la convocatoria. Ni Ámbito ni A Rodar Post informan fechas para el próximo llamado, cuántas convocatorias habrá en el año ni qué topes por empresa, modelo o valor FOB se aplicarán. Tampoco se conoce cómo se ponderarán los criterios enumerados, por ejemplo, cuánto pesará el precio ofrecido frente a las inversiones en infraestructura de carga o a los antecedentes de producción. Esas definiciones quedarán en manos de la Secretaría de Industria y Comercio cuando publique cada llamado, y serán las que determinen qué modelos y qué empresas acceden al beneficio.