El Senado aprobó la ley de mercados de carbono: los créditos se podrán exportar sin derechos y con un registro nacional
La media sanción salió 60 a 2 y el proyecto pasa a Diputados. Crea el ReNaRe, fija en 0% los derechos de exportación de los créditos y exige autorización estatal para venderlos a otros países que quieran contarlos en sus metas. Royón estimó exportaciones de entre USD 1.400 y 3.900 millones; las fuentes difieren sobre si la estabilidad fiscal es de 10 o 30 años.
COMEX explicado
- Qué pasó
- El Senado dio media sanción, con 60 votos a favor y 2 en contra, a un marco regulatorio para generar, registrar y exportar créditos de carbono.
- Por qué importa
- Convierte a los créditos en un producto exportable con 0% de derechos de exportación y fija reglas para venderlos a otros países; Royón estimó que el país podría exportar entre USD 1.400 y 3.900 millones.
- A quién afecta
- Desarrolladores de proyectos forestales, agropecuarios y de energía, provincias con programas propios como Misiones, compradores internacionales de créditos y el mercado de capitales.
- Productos involucrados
- Créditos de carbono, Aportes de Mitigación, Unidades de Resultado de Mitigación Transferibles
- Qué puede pasar ahora
- El proyecto fue girado a la Cámara de Diputados, que debe tratarlo para que se convierta en ley.
El Senado dio media sanción en la noche del jueves 29 de octubre al proyecto que crea un marco regulatorio para los mercados de carbono en la Argentina. La votación en general terminó 60 a 2, según el parte de prensa de la Cámara alta y las crónicas de Parlamentario, Los Andes y El Argentino; La Nación informó 59 votos afirmativos. Los dos rechazos fueron de los senadores de Santa Cruz José María Carambia y Natalia Gadano. El texto ahora pasa a la Cámara de Diputados.
Para el comercio exterior, el punto central es que la ley trata a los créditos de carbono como un producto exportable: fija en 0% los derechos de exportación sobre sus transferencias al exterior y ordena las reglas para venderlos a otros países. La miembro informante, la neuquina Nadia Márquez (La Libertad Avanza), lo resumió en el recinto diciendo que la iniciativa «abre a la Argentina a un nuevo campo de exportación». La senadora salteña Flavia Royón, autora de uno de los proyectos, estimó que el país podría exportar entre USD 1.400 y 3.900 millones si cuenta con el marco regulado y las autorizaciones necesarias.
Qué establece el proyecto
El dictamen unificó tres iniciativas: la de Royón, que proponía el marco regulatorio general; la de los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, que fijaba presupuestos mínimos ambientales y vinculaba estos mercados con el mercado de capitales; y la del chaqueño Jorge Capitanich, sobre activos financieros ambientales. Crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), una plataforma pública donde deben inscribirse los proyectos y que sirve para seguir cada crédito y evitar que una misma reducción se cuente dos veces. Cada crédito equivale a una tonelada de emisiones evitada o capturada.
El texto define al crédito como un bien inmaterial con valor patrimonial propio, separado del inmueble o del recurso natural que lo genera, según La Nación y El Argentino. Las reducciones tienen que ser reales, medibles, verificables y adicionales, y cumplir salvaguardas sociales y ambientales. La Nación detalla dos tipos de unidades: los Aportes de Mitigación, pensados para el mercado voluntario o para la meta climática argentina, y las Unidades de Resultado de Mitigación Transferibles, que pueden negociarse en el exterior. La autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo, y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden designar sus propios organismos y llevar adelante programas jurisdiccionales, en respeto de su dominio sobre los recursos naturales.
Exportar créditos: las reglas para vender afuera
Los créditos podrán venderse en mercados locales e internacionales. Cuando el comprador sea otro país que quiera contar esa reducción para su propia meta climática, la transferencia necesitará autorización del Estado y un ajuste correspondiente en el inventario nacional de gases de efecto invernadero, el mecanismo previsto en el artículo 6 del Acuerdo de París para evitar el doble conteo. Según Parlamentario, los créditos también podrán usarse en el esquema CORSIA, el sistema de compensación de emisiones de la aviación internacional.
El proyecto habilita además instrumentos financieros respaldados por estos activos, cuya oferta pública podrá regular la Comisión Nacional de Valores (CNV). Royón aclaró que la ley no crea un mercado obligatorio de cumplimiento.
La estabilidad fiscal, el punto que dividió la votación
El único artículo que se votó dividido fue el 14, sobre estabilidad fiscal frente a los tributos nacionales para los proyectos registrados. Las fuentes no coinciden en el plazo. El parte de prensa del Senado menciona un régimen de diez años, que era lo que fijaba el dictamen. Parlamentario informó que en la sesión se incorporó un cambio que llevó el plazo de 10 a 30 años, que el bloque justicialista no aceptó, y que el artículo se aprobó con 44 votos a favor y 19 en contra. La Nación, Los Andes y El Argentino también informan 30 años. Hasta que circule el texto aprobado, el plazo exacto debe tomarse con cautela.
Según Parlamentario, los otros artículos modificados en el recinto (3, 5, 6 y 13) se aprobaron 61 a 2. Capitanich acompañó el dictamen, pero lamentó que no se incluyeran los servicios ecosistémicos y criticó la ausencia en el debate del secretario del área, Daniel Scioli.
Quiénes lo impulsan y quiénes lo cuestionan
Las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda trataron el tema en plenario y firmaron el dictamen unificado a principios de septiembre, con una disidencia parcial de Rojas Decut. El 31 de agosto, la Mesa Argentina de Carbono, que reúne a más de 50 empresas y organizaciones y contabiliza más de 40 proyectos en marcha, había pedido que la ley definiera la titularidad de los créditos, su naturaleza jurídica y un mecanismo de autorización y ajuste para acceder a los mercados internacionales, y advirtió que sin reglas claras los inversores podían preferir a otros países de la región.
Misiones es el caso que más se citó. Desde 2021 tiene un programa jurisdiccional basado en la selva paranaense, con más de 10,9 millones de créditos certificados bajo estándares de Verra para el período 2017–2022, según Canal 12 de Misiones, y un reparto de ingresos propio que la ley nacional no impone al resto de las provincias.
Las críticas vinieron del ambientalismo. Según La Nación, el exdiputado Juan Carlos Villalonga, del Círculo de Políticas Ambientales, calificó la aprobación de «irresponsabilidad total», cuestionó que casi no hubiera debate y advirtió que podría debilitar la Ley de Bosques Nativos. La FARN ya había objetado que los mercados permitan compensar emisiones sin reducirlas en origen, además de los beneficios fiscales y las transferencias al exterior sin resguardos suficientes.
Qué sigue
Con la media sanción, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados. Si se convierte en ley, los desarrolladores de proyectos tendrán un registro nacional y reglas para exportar créditos sin derechos, aunque cada venta que otro país impute a su meta climática seguirá necesitando autorización oficial.
Leer el original en Senado de la Nación: parte de prensa de la sesión