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Aranceles, aduanas, acuerdos, logística y datos oficiales, con foco en Argentina y el Mercosur. Cada nota identifica su fuente y enlaza al original.

miércoles, 18 de noviembre de 2026 Última actualización: 18 de nov de 2026, 01:20 h 400 noticias · 202 en 7 días
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SENASA cambia las reglas de las fumigaciones oficiales en el comercio internacional: fosfina en bodegas durante el viaje y sin control de habilitaciones provinciales

La Resolución 955/2026, publicada el 17 de noviembre y vigente desde el 18, reemplaza el procedimiento de 2023 para supervisar los Tratamientos de Fumigación Oficial. Fija obligaciones para las empresas fumigadoras, limita el bromuro de metilo, permite tratar granos en bodega durante la navegación solo con fosfuros y aclara que los inspectores del SENASA no verifican habilitaciones provinciales.

Fuente: Comercio y Justicia (texto de la Resolución 955/2026)

Nota de la redacción, verificada contra las fuentes enlazadas.

Cosechadoras levantando trigo

Foto de archivo ilustrativa

COMEX explicado

Qué pasó
El SENASA aprobó con la Resolución 955/2026 un nuevo procedimiento para supervisar las fumigaciones oficiales de mercaderías en el comercio internacional, que rige desde el 18 de noviembre y reemplaza a la Resolución 79/2023.
Por qué importa
Define qué tiene que presentar y hacer la empresa fumigadora, cuándo el SENASA emite el CTFO o el certificado fitosanitario, permite fumigar granos en bodega durante el viaje solo con fosfuros y aclara que los inspectores no controlan las habilitaciones provinciales, que siguen siendo exigibles.
A quién afecta
Exportadores de granos y subproductos, importadores con requisitos fitosanitarios, empresas fumigadoras, terminales, depósitos y transportistas.
Productos involucrados
Granos y cereales, Oleaginosas, Subproductos, Semillas
Qué puede pasar ahora
La Dirección Nacional de Protección Vegetal queda facultada para actualizar el procedimiento y dictar normas complementarias.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) publicó este martes 17 de noviembre en el Boletín Oficial la Resolución 955/2026, firmada el día anterior, que aprueba un nuevo procedimiento para supervisar los Tratamientos de Fumigación Oficial (TFO) en el comercio internacional. La norma rige desde el miércoles 18 y reemplaza a la Resolución 79/2023, que regulaba hasta ahora la tarea de los inspectores en estas fumigaciones.

El cambio llega un día después de la Resolución 952/2026, que dejó el control fitosanitario de las exportaciones vegetales como obligatorio solo cuando lo exige el país de destino. Ahora el organismo ordena qué pasa cuando, además, la mercadería tiene que ser fumigada bajo supervisión oficial.

Qué es una fumigación oficial y cuándo se pide

Según el texto que reprodujo Comercio y Justicia, el procedimiento se aplica a los tratamientos sobre artículos reglamentados en el comercio internacional, con excepción de las frutas y hortalizas, y es obligatorio en todo el país. Un tratamiento es oficial cuando se pide a través del sistema del SENASA, se hace con este procedimiento y usa fumigantes de clase toxicológica Ia o Ib, los de banda roja. Puede responder a cuatro situaciones: requisitos fitosanitarios de un país importador para una exportación (incluidos protocolos o planes de trabajo), normas propias del SENASA, requisitos para importar o un pedido del exportador. En este último caso, la oficina local evalúa el servicio según los recursos que tenga disponibles.

Terminado el tratamiento, el inspector certificante emite el Certificado de Tratamiento de Fumigación Oficial (CTFO) o, si el país de destino lo exige, el certificado fitosanitario, sobre la base de la declaración de aplicación que presenta la empresa. Quien pide la supervisión tiene que contratar a la empresa fumigadora y hacerse cargo de los costos, incluidos los aranceles de supervisión y de emisión del certificado.

Qué tienen que hacer las empresas fumigadoras

La resolución detalla las obligaciones de la empresa. Antes de empezar debe mostrarle al inspector la lista del personal, con el director técnico y los operarios; el envase del producto con su etiqueta, número de registro en el SENASA y fecha de vencimiento (si falta algo, el inspector prohíbe usarlo), y el volumen de la unidad a tratar con la fórmula y el cálculo de la dosis. También tiene que verificar la hermeticidad de la bodega, el contenedor o el silo, capacitar al personal de depósitos, bodegas y puertos, entregar equipos de protección, contar con detectores de fugas y usar instrumentos calibrados por el INTI o por un laboratorio acreditado, con una calibración de no más de un año.

El inspector controla la dosis, la señalización y los precintos y el tiempo de exposición, que no puede ser menor de 48 horas cuando se toma como referencia la receta agronómica o la etiqueta; después supervisa la ventilación hasta que no se detecte gas por encima de los límites de exposición, salvo en los tratamientos en tránsito. Para las bodegas de buques, la empresa debe entregar al capitán un equipo de seguridad que incluye cuatro máscaras con filtro para fosfina.

Bodegas, camiones y bromuro de metilo

El bromuro de metilo queda para uso muy restringido: solo en tratamientos cuarentenarios y con 100% de pureza, y prohibido en bodegas de buques. Los granos y subproductos pueden tratarse en bodega durante la navegación, pero solo con fosfuro de aluminio o de magnesio y una vez terminada la carga; si se carga un segundo lote sobre otro, hay que esperar a completar la carga y la certificación del primero queda pendiente, según coinciden Economis y Bichos de Campo. Se mantiene la prohibición de la Ley 27.262 de fumigar granos durante la carga y el transporte en camiones y vagones, con una excepción para los contenedores herméticos de exportación consolidados y precintados por la Aduana.

El alcance del control del SENASA

El punto que destacaron Bichos de Campo y Noticias Agropecuarias es el artículo 24: la supervisión, autorización o certificación del SENASA queda limitada a sus competencias fitosanitarias, y sus inspectores ya no verifican que las fumigadoras o sus directores técnicos tengan las habilitaciones provinciales o municipales. Esas exigencias siguen vigentes para los privados, pero su control queda en manos de cada jurisdicción. La norma también habilita al organismo a firmar convenios con entidades públicas, académicas, colegios profesionales y asociaciones, y faculta a la Dirección Nacional de Protección Vegetal a actualizar el procedimiento. No hubo, por ahora, reacciones públicas de exportadores ni de fumigadoras.

Leer el original en Comercio y Justicia (texto de la Resolución 955/2026)

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